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En Argentina se generan 4 millones de nuevos casos judiciales por año. Esta impactante afirmación fue realizada por el Dr. Abel Fleming, en su calidad de Presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), a través del comunicado de prensa que distribuyeran antes de que el pasado miércoles 27 de mayo realizaran una jornada pública y nacional de la que participaron los jueces y magistrados de los poderes judiciales de las provincias argentinas y de la nación. Lo hicieron con el objetivo de ayudar a una mejor convivencia social, para lo cual señalaron que daban un paso al frente en todo el país.

Luego de que la FAM se preguntara ¿Y si la justicia fuese un barco?, se contestó lo siguiente: “Podríamos decir que ese barco tiene gran parte de su instrumental de navegación obsoleto, aunque se haya adquirido algún equipamiento nuevo. La tripulación es insuficiente para la navegación. Sus dos motores están averiados. En el casco se ven agujeros por donde entran vías de agua que amenazan su flotabilidad. Y eso no es lo peor. El principal problema es que el barco está diseñado para transportar 500 pasajeros, y en cubierta y camarotes hay más de 1000. Y todavía más: en el muelle se en-cuentran otros mil con el billete en la mano. Y quieren subir… Ahora, lo más grave es que, parte de los que están a bordo, quieren ir a un lugar al cual este barco no los llevará jamás. Algunos de los que están en el barco, deberían viajar por otro medio. Algunos de los que están en tierra, hace tiempo deberían estar a bordo del barco. De pronto alguien grita: ¡Hay que arreglar ese motor! ¿Es necesario hacerlo? ¡Por supuesto! Pero si todos giramos la cabeza y resolvemos ese arreglo puntual, superado el obstáculo, el barco seguirá en el mismo sitio, con los mismos problemas. La Justicia, ese barco metafórico e irremplazable, no será lo que todos deseamos si no definimos quiénes deben estar a bordo, si no contamos a dónde va y a dónde no va, si no indicamos los transportes alternativos, si seguimos poniendo parches y reemplazando piezas.”

La FAM confesó que los poderes judiciales se parecen a una nave que se ha desviado de su verdadero rumbo, que está a la deriva. Sin embargo, se han equivocado en entender y ex-plicar las razones o las causas que generaron la pérdida de dirección y su alejamiento del propósito fundamental que justifica su existencia, que no es otro que el de respetar y hacer respetar la Constitución y los Derechos Humanos.

¿Conocen la realidad?

En el mismo documento, los miembros de la FAM refirieron que conocen la realidad de la justicia en las capitales y en los lugares más recónditos de cada una de las provincias y jurisdicciones. Afirmaron que viven día a día la problemática y la complejidad de la totalidad de los fueros de la justicia ordinaria, y que están en contacto con los problemas de los ciudadanos, incluso cuando dejan de estar en la tapa de los diarios. A partir de esta reflexión, reclaman atención a la totalidad de los problemas planteados, proponiendo y comprometiéndose en la ejecución de las soluciones.

Sin embargo, gran parte de la opinión pública piensa que los jueces y magistrados viven alejados de la realidad, inmersos en un microclima muy especial, que algunos caracterizan y califican como corporativo y elitista. Otros sectores de opinión sostienen que los magistrados perdieron independencia, neutralidad y transparencia, por propia decisión y por el incumplimiento de muchas de sus responsabilidades, lo que se fue produciendo a medida de que cedieron espacios institucionales que terminaron por quedar en manos de los poderes políticos y económicos de turno. Todo esto ocasionó una creciente y acelerada degradación de los poderes judiciales, que terminaron por ser fuentes de operaciones de todo tipo, absolutamente funcionales a la profunda crisis del sistema republicano del gobierno, cuyo desenlace es impredecible.

Miraron por el ojo de la cerradura

La buena movida de la FAM se ve relativizada en función de haber tomado como eje excluyente la idea de la construcción de un escenario de mayor protección contra la inseguridad que deriva de la violencia creciente que se produce en el escenario de los delitos. Hacen hincapié en el colapso de la justicia penal, dejando de lado el profundo y complejo conflicto que supone el pésimo funcionamiento de la justicia como poder del Estado. Es evidente que se han expresado desde una visión muy reducida y parcial.

La estrategia de la Federación es la prueba más elocuente del fenómeno del “ojo de la cerradura”, que impide que jueces y magistrados accedan a un diagnóstico completo, claro y cabal de la profunda situación de crisis estructural del poder judicial. La mayoría de las justicias provinciales se encuentran en procesos de degradación institucional o en vías de colapso, con todas las consecuencias que uno pueda conocer o imaginarse.

Salvo pocas excepciones, los jueces y magistrados no osan o no alcanzan a comprender que son partes responsables del agudo deterioro del sistema. No asumen sus propias responsabilidades en el largo proceso de desestructuración del servicio de justicia. Y se enojan cuando son cues-tionados, sobre todo quiénes han contribuido al deterioro o son parte del proceso de deterioro en marcha.

En cualquier caso, tienen limitaciones personales para reconocer la realidad judicial tal cual está, lo que supone una postura que rechaza el inicio de un proceso de cambio y mejoramiento, gradual y paulatino, que permita recuperar una justicia independiente, neutral, transparente y  eficiente, que funcione con jueces elegidos de acuerdo a lo que establece la Constitución, comprometidos con ella y con la tutela de los derechos, de las garantías y de las libertades públicas y privadas de la ciudadanía.

Las verdaderas causas de la crisis

La extraordinaria congestión de causas en el campo delictual, que ha generado el colapso del sistema de justicia penal, no es la causa de la crisis del poder judicial sino uno de las consecuencias del fenómeno de la degradación institucional que afecta profundamente el funcionamiento del servicio de justicia.

La pérdida real de autonomía financiera y económica del poder judicial ha sido el punto de partida al cabo del cual se redefinieron las polí-ticas judiciales o se ausentaron las políticas que dejaron de estar en el espacio institucional estratégico que le corresponde ocupar a la justicia, generándose un vacío de gestión que terminó por acentuarse en el curso de los últimos años, y que no se disimula con la construcción de torres ni de edificios para juzgados de paz o comprando muebles o confort para algunos pocos privilegiados en instancias superiores. 

La realidad muestra que las decisiones financieras y económicas que inciden en el espacio judicial están en manos de los poderes políticos de la Nación y de las provincias. Con el pretexto de las limitaciones o los ajustes presupuestarios rigen las políticas fiscalistas y monetaristas, en las que se priorizan las reservas del Estado para el pago de la deuda externa o para comprar voluntades, lo que quita o retacea fondos que debieran ser destinados a financiar el correcto funcionamiento del servicio de justicia.

El colmo del ejemplo en este tema son los presupuestos dibujados para los poderes judiciales que desembocan en la sub-ejecución de los recursos, como estrategia pactada para esconder o disimular los ajustes financieros y económicos. En definitiva, no existe ninguna posibilidad de llevar adelante políticas judiciales que respondan a las necesidades de la población sin el adecuado y opor-tuno financiamiento.

Degradación de la justicia chaqueña

En el mes de junio del año 2002 la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco se pronunció a través de un magnifico documento en donde fijó, con total claridad, la postura que asumía en oportunidad en que se arrasaba con el sistema de garantías democráticas y de libertades públicas. A través de un documento institucional, la Asociación alertaba acerca de la sistemática degradación institucional que se estaba produciendo. El funcionamiento de la justicia chaqueña estaba plagado de irregularidades.

La degradación se profundizó como consecuencia de las designaciones anticonstitucionales de los jueces Ávalos y Franco, seguido de Toledo, lo que generó la pérdida de independencia, externa e interna, de la justicia y provocó su vertiginosa caída que se tradujo en la falta de neutralidad, transparencia, objetividad y eficiencia en la prestación del servicio de justicia.

La degradación fue en aumento; a tal punto esto es así, que el actual estado de situación es de gravedad institucional, y tiende a consolidarse negativamente como consecuencia de la ausencia de definiciones institucionales que se orienten a reestablecer la vigencia de la Constitución, comenzando por la destitución de los jueces que integran la mayoría automática en ejercicio en el Superior Tribunal de Justicia, mediante la declaración de inconstitucionalidad de la amañada ley que posibilitara que los nombrados prescindieran de rendir concurso de antecedente y oposición, previos a ser nombrados.

Luego de este primer paso, debiera planificarse la profunda reforma judicial que hay que encarar, hasta sanear y eficientizar el poder judicial.

Algunas de las grandes irregularidades
 
Entre las grandes irregularidades que afecta el funcionamiento cotidiano de la justicia chaqueña nítidamente se destacan los nombramientos anticonstitucionales de los jueces Ávalos, Franco y Toledo, todos adictos al rozismo. La consecuencia inevitable de esta grave irregularidad es la falta de independencia de la justicia, que funciona condicionada por intereses políticos, económicos y sectoriales, hasta que se transformó en una justicia  corporativa, elitista, adicta y complaciente.

También se aniquiló la independencia interna en el funcionamiento diario y cotidiano del poder judicial, en cuyo ámbito algunos jueces y magistrados son objetos de continuas presiones, especialmente aquellos que se dedican a proteger la Constitución y la vigencia de los derechos humanos.

El aniquilamiento de la acción de amparo también es funcional a la pérdida de independencia del poder judicial. Recordemos que la ley de desamparo fue profundizada a través de una acordada dictada por los ministros del Superior Tribunal de Justicia, quienes directamente se dedicaron a destruir esta garantía constitucional, poniendo aún más empeño que los propios legisladores rozistas en la tarea de demolición del amparo.

También es funcional a la degradación el actual sistema de selección, nombramiento y des-titución de jueces y de magistrados. Se deben realizar profundas trasformaciones en la composición y en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, en cuyo seno los partidos políticos deben dejar de cristalizar sus componendas como si fuera un órgano que forma parte del botín político que es el Estado.

Además, se deben superar los concursos y los juri amañados porque si continúan seguirán produciéndose los nombramientos irregulares y los enjuiciamientos para someter o disciplinar a jueces trabajadores y honestos.
La caja negra que supone las oscuras designaciones de conjueces del Superior Tribunal de Justicia es un tema que debe ser regulado de acuerdo con la Constitución, de manera que tal espacio deje de ser amigable para intereses extraños a la justicia.

Estas grandes irregularidades deben ser resueltas inmediatamente. De este modo comenza-rá el saneamiento del futuro poder judicial. Hasta tanto se demore realizar estos cambios, el poder judicial chaqueño seguirá siendo un barco a la deriva, cuya dirección estará a merced de los intereses y de las decisiones ajenos al servicio de justicia.

Rolando Núñez - Centro de Estudios Nelson Mandela