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La paradoja de una justicia como garantía de impunidad

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Durante las últimas semanas ha renacido las esperanzas del Foro por una Justicia Independiente porque la opinión pública se ha involucrado, con intensidad, en el debate que a través de los medios permite esclarecer cada vez más que tres jueces del Superior Tribunal de Justicia, los doctores Avalos, Franco y Toledo, fueron nombrados en clara violación de la pauta constitucional que dispone que todo nombramiento de jueces debe estar precedido de concursos de antecedentes y de oposición.

 



La etapa institucional que atravesamos permitió poner al descubierto que estos tres jueces fueron nombrados  por Angel Rozas con el claro objetivo de construir una justicia adicta y complaciente al color partidario que los nombró. La opinión pública, aún aquella que en principio permaneció ajena al debate o de buena fe entendió que los nombramientos fueron correctamente realizados, cada día se esclarece más y entiende que los nombramientos de estos jueces fueron gestados en nichos políticos que nada tienen que ver con el funcionamiento de una justicia independiente, neutral, transparente, justa y equitativa.

 

 

Cada vez se reconoce más que el verdadero gestor de las designaciones no comprendió ni respetó el sistema constitucional democrático y la división de poderes en el Chaco; y que para lograr sus objetivos personales, le alcanzó con tener controlado a los jueces. Desde allí, cuenta con la garantía de impunidad obtenida, que es el objetivo más apreciado por gobernantes corruptos y prebendarios,  y se construyó el grave deterioro que afecta nuestra justicia en estos tiempos.

Pocos o casi nadie defiende lo indefendible. Los jueces Franco, Avalos y Toledo no tienen defensores, que brillan por su ausencia hasta entre los oficialistas de siempre. Están solos y aislados. Llevan sobre sus espaldas el peor de los reproches que colectivamente construyen las comunidades. Se debaten entre los cargos, los compromisos asumidos para ser nombrados y las exigencias irreductibles del dueño de las designaciones.

 

Mientras tanto, el desgaste que se produce supera las circunstancias personales de cada uno de los jueces nombrados inconstitucionalmente, y se proyecta sobre todo el Poder Judicial. De esta manera, se potencia y se profundiza la degradación institucional de la justicia chaqueña, que en la actualidad le es útil solamente a los sectores concentrados del poder político y económico, caracterizándose como un poder netamente corporativo y elitista, que no protege los derechos de las mayorías sociales.

La degradación institucional del Poder Judicial es una realidad que pocos niegan. El proceso de deterioro se alimenta, con intensidad, a través de las gestiones de los jueces Avalos, Franco y Toledo. La pérdida de independencia de la justicia chaqueña condujo a situaciones adversas al propio funcionamiento de este poder. Mientras tanto, por la complejidad de los tiempos actuales, por la conflictividad social y por la mayor litigiosidad de los intereses en juego, el servicio de justicia ingresó a una definida etapa de colapso. Los procesos son un formalismo. De justicia lenta, directamente pasamos a un servicio que dejó de ser justicia; se aparenta que todo funciona bien.

La siguiente etapa, que  presumimos como próxima, debe estar signada por las profundas transformaciones y los cambios que se deben provocar en el Poder Judicial, que debe ser sometido a reformas sustanciales en su funcionamiento y conformación.

 

También parece inexorable la reforma del Consejo de la Magistratura, que como organismo de nombramiento y juzgamiento de jueces, ha fallado de manera rotunda y ha contribuido, de ese modo, al deterioro del Poder Judicial. El Consejo, con el pretexto del uso y abuso de las facultades discrecionales que ejerce, ha hecho posible que prosperaran los intereses ajenos a un Poder Judicial independiente.

 

Han nombrado a los favoritos y han dejado de lado repetidamente la capacidad, el esfuerzo y la idoneidad de postulantes que deberían haber sido designados para honrar y jerarquizar la justicia chaqueña. La carrera judicial no ha sido respetada, sino afectada sistemáticamente por intereses extraños al servicio de justicia. Los lobbies casi siempre consiguieron sus objetivos. Los concursos de antecedentes y oposición, salvo muy pocas excepciones, fueron verdaderos entuertos destinados a designar jueces adictos y complacientes.

Los tiempos institucionales pondrán aún mas en evidencia que algunos jueces deberán continuar operando como gestores del rozismo, de modo que el escenario que sigue será cada vez más claro y más definido en el funcionamiento dependiente del Poder Judicial.

 

En ese marco, el Foro redobla su compromiso público de continuar con la campaña de esclarecimiento y de petición de una justicia independiente, en la cual trabajen jueces que rindan concursos de antecedentes y de oposición, que sean transparentes, en igualdad de condiciones, respetándose la igualdad de oportunidades, ante un Consejo de la Magistratura reformado y modificado sustancialmente, de manera tal que deje de designar o enjuiciar a jueces con facultades discrecionales inaceptables, aplicando las reglas de premios y castigos mediante acuerdos políticos e institucionales.

 

Por supuesto que la renuncia o la destitución de los jueces Avalos, Franco y Toledo son condiciones indispensables para iniciar el proceso de cambios y de transformaciones que necesita la justicia chaqueña. En la emergencia, el poder político actual debe acudir en auxilio del Poder Judicial para regularizar su funcionamiento, a través de los mecanismos institucionales previstos para estos casos.

 

Conviene recordar que el propio Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, sin prejuicios de ninguna naturaleza, señaló hace pocos días que el Poder Ejecutivo de la Nación tiene que contribuir en la tarea para que la justicia federal recupere su independencia perdida.

 

Este mensaje, claro y contundente, debiera ser escuchado por los gobernantes de esta provincia, a partir del cual deben actuar como manda la Constitución.

 

Rolando Núñez

Foro por una Justicia Independiente

 

 

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Comentarios   

 
0 #2 Mario Bosch 04-11-2009 21:10
A ver a ver... como siempre, clarisimo Rolando.
Lo que si, a mi modesto entender, existe un error de apreciacion, o un hecho que, por IRRELEVANTE en su argumentación el DR. Nuñez no tomó en serio...
Pese a la clara operatividad de la Constitución Provincial (arts. 157 y 158, creo?) los atrevidos de los diputados osaron tratar una ley de concursos, o sea, modificatoria de los sistemas de concursos, para entender que de los alcances de la constitucion QUEDABAN EXCEPTUADOS LOS JUECES DEL SUPERIOR TRIBUNAL. Los argumentos, si bien pueriles, fueron variados, desde los empíricos (quien le toma concurso... ENTONCES NADIE... ABSURDO TOTAL) hasta los presuntamente linguisticos... con pretensiones de dogmáticos como el argmento afirmado, y FIRMADO por Leandro Salom... "Los Jueces del Superior Tribunal NO SON JUECES, SINO MINISTROS".... JAJAJJA
INCREIBLE, LISA Y LLANAMENTE INCREIBLES... o sea, son la máxima expresión de la jurisdiccion en una Provincia Y NO SON JUECES. JAJAJA DEL RIDICULO NO SE VUELVE... SON MINISTROS... ME PREUGUNTO... COMO MATKOVICH? COMO LEIVA?
ENTONCES... QUIEN IMPARTE JUSTICIA EN ESTA PUTA PROVINCIA??????????

ADMINISTRADOR: Aaaaaah, no son jueces, sino ministros... Con razón pasaban del gabinete de Rozas al Superior Tribunal, sin escalas...
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0 #1 Gustavo 02-11-2009 21:36
Sobre esto, que dirán los impolutos Aliancistas ? :

......Cobos no descarta la Intervención Judicial

La posibilidad de intervenir el Poder Judicial no es descartada por el Gobernador Julio Cobos, ante la crisis institucional que no ha cejado entre los poderes en pugna por el conflicto del reclamo salarial de los magistrados.

“A esta altura no descarto nada”, contestó el mandatario a la FM Red 101 ayer ante la pregunta periodística sobre la posible intervención federal del Poder Judicial.

Hay que recordar que el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, advirtió que pedir una intervención de la Nación a la Justicia local podía interpretarse como
“un atentado a la estabilidad de los jueces”.

Sin embargo, ayer el Gobernador también dejó abierta su expectativa para que “los jueces recapaciten, que anulen todos los procesos judiciales, que declaren la constitucionali dad de las leyes que ellos interpretan a su gusto y placer, y que devuelvan el dinero que les sacaron a los mendocinos”.

En síntesis, el Gobernador utilizó el mismo discurso que esgrimió el senador nacional Ernesto Sanz (UCR), quien planteó esta acción como medida extrema ante la agudización de la crisis, si los jueces no renuncian a sus demandas.



http://www.losandesinternet.com.ar/notas/2005/4/20/politica-151148.asp
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