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Las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos presentaron un documento en el Congreso de la Nación donde manifestaron su «profunda preocupación y enérgico repudio ante las políticas públicas implementadas por el Gobierno Nacional porque implican un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad y por los puntos regresivos que plantea la llamada ley «Bases».

Los firmantes del documento presentado ayer ante el Congreso de la Nación son la Red por los derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Federación de Asociaciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), la Asociación Civil ANDAR, la Mesa de Derechos Humanos y Discapacidad de Córdoba y la Clínica Jurídica de la Universidad de La Plata.

«En la Argentina los derechos de las personas con discapacidad están amparados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 2006, ratificada por el Estado Argentino en 2008 y con rango constitucional desde 2014 a través de la ley 27.044», afirmaron en el comunicado.

Dicho tratado se basa en un paradigma o modelo social de abordaje de la discapacidad, «que promueve la vida independiente dentro de la comunidad, la remoción de las barreras del entorno, y los apoyos y medidas de accesibilidad necesarios para la garantía de sus derechos humanos».

Por tanto, manifestaron su «profunda preocupación y enérgico repudio por las políticas públicas implementadas por el gobierno nacional que implican un retroceso concreto en los derechos de las personas con discapacidad, y por los puntos regresivos que plantea la llamada `ley ómnibus´».

Siendo un grupo de organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos, con amplia trayectoria en el trabajo articulado por el cumplimiento de los derechos, enumeraron el retroceso en materia de derechos que implica las reformas que propuestas por el 70/2023 y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en Prestaciones para personas con discapacidad, género, salud mental, seguridad social, «eliminación del Instituto Nacional Argentino contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Turismo Social.

«No hay necesidad ni urgencia en relación con la discapacidad y salud mental. La ley de salud mental es el resultado de una profunda deliberación con participación de los sectores involucrados, despliega los principios de la Convención y su modelo social pero el proyecto de modificación es regresivo e inconsulto, se deroga el núcleo significativo de la salud mental como derecho humano y confronta con la Convención y con el último informe país de su Comité que celebra la ley y advierte sobre los aspectos aún incumplido», explicaron.

A su vez, recordaron que toda regresión en materia de derechos humanos resulta inconstitucional», puesto que -explicaron- «el Estado no puede retroceder en los niveles de protección alcanzados (artículo 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional».

En ese sentido, las organizaciones agregaron que las modificaciones pretendidas «van en sentido contrario a los derechos consagrados en máximo rango, porque se vulnera el principio de no regresividad (art 26 Convención Americana de Derechos Humanos)».

«Desde REDI y las organizaciones nacionales exigimos a los/las legisladores/as que no permitan este retroceso en los derechos humanos y en la calidad democrática. Si se avanza en la ley muchas vidas de personas con discapacidad y/o usuarias de servicios de salud mental se verán aún más deterioradas y





Fuente Telam